Con el acelerado avance hacia las energías renovables, garantizar que la transición sea justa, inclusiva y equitativa se ha convertido en un desafío cada vez más apremiante. En Colombia, la figura de asesores comunitarios representa un avance hacia la garantía de justicia en procesos consultivos y de relacionamiento entre empresas desarrolladoras y comunidades locales. Concebidos como un derecho de las comunidades durante los procesos de consulta previa, los asesores comunitarios idealmente cuentan con el conocimiento y la experiencia que las comunidades a menudo carecen para analizar las implicaciones económicas, ambientales, de salud, sociales y culturales que se han producido o pueden llegar a producirse con la implementación de un proyecto o actividad, así como las respectivas medidas de manejo. Sin embargo, el papel de los asesores comunitarios ha sido significativamente devaluado debido a las malas prácticas observadas y experimentadas en el marco de las consultas previas.

SEI organizó el conversatorio “El rol de los asesores en las consultas previas eólicas: experiencias y desafíos” como un espacio de diálogo y reflexión que reunió a asesores comunitarios en ejercicio, empresas, representantes del sector público nacional y regional, así como a líderes, autoridades y miembros de comunidades Wayuu. El encuentro se centró en analizar el rol, los desafíos y las oportunidades de las asesorías comunitarias para impulsar una transición energética justa en La Guajira. En este artículo, compartimos algunas de las principales reflexiones surgidas durante el evento.

Mantener la soberanía comunitaria

La toma de decisiones debe permanecer en la comunidad, con los asesores actuando estrictamente en capacidad de acompañantes y orientadores

Es fundamental que las comunidades puedan expresar sus propias perspectivas en los procesos de consulta previa, preservando su soberanía y autonomía, mientras se garantiza la defensa genuina de sus intereses. Durante el conversatorio, los asesores criticaron el hecho de que algunas empresas les exijan poderes de representación, y que el Ministerio del Interior acepte tales exigencias. En contextos donde existen poderes de representación, las empresas suelen dirigirse exclusivamente al apoderado, que no siempre concerta con la comunidad y, por ende, ocupan o reemplazan las propias instituciones gobernativas y representativas de la comunidad. Si un asesor tiene una petición a la empresa, esta debe ser socializada y decidida por la autoridad de la comunidad, asegurando la transparencia en los diálogos y permitiendo a la empresa verificar que el asesor no se esté extralimitando en su rol. El asesor debe ser una figura que acompañe, oriente y brinde conocimientos a la comunidad durante el proceso de consulta previa, garantizando que sea la comunidad quien tome las decisiones en el ejercicio de su soberanía y autonomía.