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El Directorio Ejecutivo del FMI Concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2014 y el Segundo Seguimiento Posterior al Programa con la República Dominicana

Comunicado de Prensa No. 14/281 13 de junio de 2014

El 28 de mayo de 2014, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV y el Segundo Seguimiento Posterior al Programa con la República Dominicana.1

La República Dominicana ha experimentado un robusto crecimiento económico en los últimos años. En 2013, el PIB real creció un 4.1 por ciento, impulsado por los sectores de minería, construcción, agricultura y turismo. La actividad se desaceleró de forma sustancial a principios de año pero luego se recuperó apoyada por la flexibilización de la política monetaria y una normalización de la política fiscal. La inflación general se mantuvo sin cambios respecto a 2012 en 3.9 por ciento (interanual) y se ubicó por debajo del rango objetivo del Banco Central (5 por ciento +/-1 por ciento). Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son en general favorables, aunque el balance de riesgos es a la baja.

El gran aumento del déficit fiscal en 2012 fue parcialmente revertido en 2013. El déficit del sector público consolidado se redujo en casi 3 puntos porcentuales del PIB, a 5 por ciento, debido a menores gastos de inversión, al rendimiento de la reforma fiscal de 2012 y a la negociación de nuevos términos de pago con una empresa privada de oro. A pesar de ello, el coeficiente de deuda pública respecto al PIB a finales de 2013 estaba cerca del 48 por ciento, frente al 35 por ciento en 2008. Las metas fiscales del gobierno para 2014 contemplan una nueva reducción del déficit del sector público consolidado a un 4.2 por ciento del PIB, pero esto puede que no sea suficiente para colocar el coeficiente de deuda pública en una trayectoria descendente.

La política monetaria se flexibilizó sustancialmente en mayo de 2013 para estimular el crecimiento del crédito y apoyar a la actividad económica. Sin embargo, a medida que surgieron presiones en el mercado cambiario, el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria en 200 puntos básicos en agosto; se ha mantenido sin cambios desde entonces. Al cierre de marzo de 2014, el crecimiento del crédito se mantuvo boyante, en un 14 por ciento (interanual).

El déficit en cuenta corriente externa se redujo del 6.8 por ciento del PIB en 2012 al 4.2 por ciento del PIB en 2013, debido al comienzo de las exportaciones de oro, mayores ingresos por turismo y una menor inversión pública. Las entradas netas de capital siguieron siendo grandes, lo que refleja tanto el endeudamiento del gobierno como la inversión extranjera directa. Las reservas internacionales brutas cerraron el año en US$4,700 millones; al 23 de mayo de 2014, se situaban en US$4,966 millones.

A finales de 2013, el coeficiente de solvencia de capital del sistema bancario se ubicó en más de un 14 por ciento y los préstamos en cartera vencida eran menos del 2 por ciento. Sin embargo, la exposición del sistema bancario al sector público aumentó al equivalente de 5.5 por ciento del PIB a finales del año. Las transferencias de recapitalización del gobierno al banco central se mantuvieron por debajo de los montos previstos en la ley de 2007.

Evaluación del Directorio Ejecutivo2

Los Directores Ejecutivos observaron que el crecimiento económico ha sido robusto en los últimos años y elogiaron a las autoridades en la reducción de la inflación. Señalaron que las perspectivas siguen siendo favorables para el crecimiento y la inflación pero vieron riesgos a la baja derivados de las incertidumbres en la economía mundial y las grandes necesidades de financiamiento interno fiscal y externo. Para reducir estas vulnerabilidades y aumentar el crecimiento económico a largo plazo, el Directorio recomendó endurecer la postura de políticas, construir un espacio para políticas y acelerar los avances en las reformas estructurales.

Los Directores consideraron favorables los pasos recientes hacia la consolidación fiscal pero estuvieron de acuerdo en que pueden ser necesarias medidas adicionales para mitigar las vulnerabilidades derivadas de las grandes necesidades de financiamiento y para colocar la deuda pública en una trayectoria más sostenible. En particular, recomendaron eliminar el déficit del sector público no financiero en un período de tres años, reducir las exenciones impositivas, apretar los controles del gasto público y restringir las transferencias al sector eléctrico.

Los Directores aplaudieron el compromiso de las autoridades para continuar con el fortalecimiento de su marco de metas de inflación. Alentaron a las autoridades a establecer un mecanismo para intervenir en el mercado de divisas y a incrementar las reservas internacionales, aprovechando acontecimientos favorables en la balanza de pagos. Los Directores apreciaron la disposición de las autoridades a endurecer la política monetaria según sea necesario para lograr sus objetivos de inflación y externos.

Los Directores resaltaron la importancia para la credibilidad de la política monetaria de la recapitalización del Banco Central, en consonancia con la ley de 2007. Acogieron la intención de las autoridades de adoptar reformas de gobernanza para aumentar la independencia del banco comercial de propiedad estatal, fortalecer su capitalización y limitar su exposición ante el sector público.

Los Directores respaldaron el compromiso de las autoridades con las reformas estructurales. Estuvieron de acuerdo en que la reforma del mercado laboral ayudaría a distribuir de manera más extensa los beneficios del crecimiento y alentaron a las autoridades a fomentar la competencia y el crecimiento mediante la reducción de las exenciones de impuestos y la eliminación de las distorsiones en el sistema tributario. Los Directores acogieron los planes de las autoridades para invertir en la generación eléctrica, siempre que no fuera en detrimento de las finanzas públicas. Además, ellos vieron espacio para fomentar la inversión privada en el sector eléctrico mediante reformas al marco regulador y para aumentar la eficiencia y reducir el costo presupuestario de las transferencias en electricidad, sobre todo permitiendo que las tarifas se ajusten en consonancia con los costos de la energía.